Memoria histórica.

Para casi el setenta por ciento de españoles, la fecha del 18 de julio de 1936 trae connotaciones negativas. Un veinte, aproximadamente,  tiende a justificar, en cierto grado y según las encuestas, aquel levantamiento. Son las dos Españas que siguen asomadas al balcón de la historia.

Las posiciones que tachan como ilegal el enfrentamiento contra la República, nos guste o no, están identificadas con partidos de izquierda. Por el contrario, en el seno de la derecha corren aires revisionistas, justificadores de aquella acción militar frente al poder legalmente establecido.

Dos posturas poco reconciliables a pesar del enorme esfuerzo que en la llamada “Transición”  se hizo por construir una nueva realidad sin ahondar demasiado en el sustrato histórico del que proveníamos.

Acabamos de celebrar con distinto grado de implicación los setenta años del comienzo de la batalla pero ni siquiera en ese punto crucial se ponen de acuerdo esas dos Españas.

Si para unos se atacó la voluntad popular, para otros la guerra se hacía imprescindible dado el cariz que tomaban las acciones del gobierno republicano.

En los años de gobierno conservador, las tesis revisionistas tomaron auge. Se escribieron sesudos estudios adelantando incluso  el supuesto comienzo de la guerra hasta las elecciones anteriores. Se acomodaron hipótesis a hechos históricos. Por supuesto tampoco se retiraron los símbolos franquistas de nuestras plazas, iglesias o monumentos.

Una peligrosa tendencia, esta,  que en países de nuestro entorno ha llegado a generar, por ejemplo, la negación, cuando no el apoyo, a aberraciones tales como el holocausto nazi.

Con el gobierno socialista los aires cambian. Estatuas del general Franco han abandonado muchos de sus emplazamientos y se han retornado algunos nombres tradicionales a calles y plazas. No se había dado, sin embargo, el paso definitivo para volver al buen nombre, a una normalidad que nunca debió perderse, a aquellas personas que murieron defendiendo el estado constitucional.

Cuando  llegó la victoria, que no la paz, siguió habiendo compatriotas que, por haberse mantenido fieles a la República siguieron sufriendo o dieron su vida empujados por tribunales de dudosa legalidad.

La Memoria histórica –un bien preciado que ningún pueblo debería obviar- debe colocar a todos en el sitio que siempre debieron ocupar. Restaurar el honor a militares y civiles que se atuvieron a la ley vigente en momentos de dureza extrema es el primero de los objetivos a conseguir. Depositar los símbolos de un pasado dictatorial en el ámbito museístico de la historia, el segundo.

Los caídos por Dios y por España no pueden ser solo los “unos”. Los “otros” cayeron en defensa de la legalidad, la libertad y el orden vigentes y merecen ser reconocidos.

Sin venganzas, rencores ni desfasados enfrentamientos, unamos nuestras fuerzas para aprobar por fin la perdida asignatura de la verdadera reconciliación histórica. Este hermanamiento no puede basarse en el olvido sino en la memoria. Los aires de guerra ya quedaron atrás. Soplen ahora los de la paz para todos y hágase la luz en las fosas comunes, en los juicios sumarísimos, en el honor perdido…